Certificado de minusvalía

En 7 de cada 10 casos de epilepsia infantil no se pueden identificar las causas de la epilepsia infantil, ya que son muchos los factores que pueden provocar crisis epilépticas en niños. Entre otros factores, encontramos:

• Problemas del desarrollo cerebral en el embarazo.
• Falta de oxígeno durante o después del parto.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Tumores cerebrales (poco habituales en niños pequeños).
• Una convulsión febril muy prolongada.
• Encefalitis o meningitis.
• Epilepsias en los familiares.

* Algunos niños pequeños pueden padecer convulsiones a causa de fiebre alta. Estas convulsiones se producen en niños de 1 a 4 años de edad y, habitualmente, solo hay que tratar esas convulsiones ya que, una vez que baja la fiebre, éstas terminan.

• Recopilación de todos los informes médicos o actualización de los mismos si es necesario. Si se realiza alguna terapia psicológica porque la enfermedad afecta al desarrollo de la vida cotidiana, es muy importante entregar un informe.
• En el centro base correspondiente, en función del código postal de empadronamiento del solicitante, debe presentarse la siguiente documentación:
• Solicitud del certificado de discapacidad, disponible en el propio centro base de tu provincia.
• Original y copia de los informes médicos y psicológicos a aportar, para avalar la solicitud.
• Fotocopia del D.N.I., o Libro de Familia para menores de edad.
• Certificado de empadronamiento.
• Una vez presentada, será enviada a domicilio una cita para acudir a la valoración (no inferior a seis meses).
• El día de la cita de la valoración se realiza una entrevista personal con un médico, un trabajador social y un psicólogo (si corresponde).
• En el plazo de un mes tras realizar la valoración, se recibirá resolución por escrito. En el caso de obtener un porcentaje superior al 33%, puede comenzar a beneficiarse de las medidas sociales compensatorias.
• Si el porcentaje obtenido es inferior al 33%, se podra presentar reclamación administrativa en el mismo centro base mediante un escrito.

El valor actual de este documento radica fundamentalmente en el derecho que otorga a las personas con discapacidad a acceder a una serie de beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programa y servicios de salud, educación, empleo, participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición de la vivienda, transporte, prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos, entre otros.

Sin duda, el valor social del certificado de discapacidad no sólo ha ido creciendo al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social, sino también por la evolución que se ha ido experimentando en la valoración de la discapacidad, en dónde se evalúa a la persona en relación a su medio social y comunitario.

Los trabajadores sociales como profesionales que participamos en los procesos de información, valoración e intervención social en el campo de las discapacidades, detectamos lo tremendamente duro y doloroso que resulta, en general, no sólo para la persona que presenta una discapacidad sino también para sus familiares, afrontar la fase de clarificación y toma de conciencia de sus limitaciones.

También hay que tener presente que, en general, la obtención de dicho certificado suele suscitar miedos, no sólo a la propia persona sino también a sus familiares, que surgen entre otros motivos, por la creencia de considerarlo una etiqueta social que desvaloriza y estigmatiza a la persona, viviendo, por tanto, situaciones emocionales desbordantes.

En este sentido, es un error mirar al certificado de discapacidad, en sí, como un documento que descalifica o desvaloriza, sino más bien hay que considerarlo como un instrumento que se puede utilizar, si se desea, para satisfacer las necesidades personales y sociales que cada uno presenta. Su valor instrumental emana de los derechos y beneficios individuales y sociales al que el mismo da derecho.